Vacunas y planes de vacunación

Para febrero de 2020 varias empresas farmacéuticas pusieron en marcha proyectos de vacunas contra el SARS-CoV-2. Hoy, más de 100 grupos trabajan en 63 estudios clínicos y unos 170 preclínicos¹. Con el objetivo de obtener resultados fiables en el menor tiempo posible, la OMS proponía en abril del 2020 un ensayo internacional de múltiples vacunas a la vez, por lo que organizaciones y empresas como la Universidad de Oxford, Moderna, Johnson & Johnson y Curevac, entre otras, firmaron entonces una declaración en la que se comprometían a cooperar y compartir datos. Aun así, nunca siguieron las indicaciones de la OMS².

La OMS impulsó el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) y el mecanismo COVAX (mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19) para garantizar tanto la producción, como el acceso global, rápido y equitativo a las vacunas³⁴. Un año después, C-TAP y los compromisos acordados en COVAX son ignorados, a pesar de que la investigación y producción de las vacunas haya recibido miles de millones de euros en subvenciones de fondos públicos de decenas de estados. Los países con más recursos económicos además, acaparan la mayoría de las dosis que salen al mercado, lo que no sólo acrecenta las diferencias entre las herramientas para hacer frente a la pandemia entre países, sino que afectará también a la disponibilidad de pasaportes sanitarios.

Actualmente, se dispone de cuatro vacunas aprobadas para su uso en España: Comirnaty (Pzifer-BioNTech); COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna); VaxZevria (AstraZeneca) y COVID-19 Vaccine Janssen (J&J)⁵. La reducción sin precedentes de los tiempos requeridos para su desarrollo ha suscitado dudas, pero esa celeridad no descansa en una reducción de seguridad⁶. Las vacunas obtenidas han superado todos los estudios preclínicos y clínicos requeridos para la aprobación de cualquier vacuna. Pero en la situación de emergencia sanitaria actual se ha concedido la autorización de comercialización condicional con el fin de permitir la vacunación de la población lo antes posible. En consecuencia, en el momento de su aprobación, ninguna de las vacunas superaba un tiempo de seguimiento mayor a 2-6 meses, por lo que desconocemos si pudieran darse efectos adversos a medio-largo plazo. Reconocer la incertidumbre sobre esos efectos (teóricamente poco probables, pero posibles) traslada al debate social la pertinencia de asumir un potencial riesgo menor en aras de un beneficio real mayor. En cualquier caso, dado el amplio abanico de incógnitas vigentes sobre las vacunas, es incomprensible que no se haya asegurado la absoluta transparencia en la comunicación y el análisis de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos y en el proceso de vacunación de la población general, lo que dificulta la formación de un juicio razonado y, por tanto, una recomendación médica robusta para reducir las reticencias a la vacunación⁷⁸.

Con respecto a la elevada eficacia de las vacunas aprobadas (70-95%), los estudios realizados no priorizaron contemplar la capacidad para prevenir la infección, reducir la transmisibilidad y la mortalidad como variables primarias para determinar dicha eficacia⁹. Los valores de eficacia que conocemos son los determinados en los ensayos clínicos en fase 3, y reflejan mayoritariamente la capacidad de estas vacunas de reducir el riesgo de padecer enfermedad (COVID-19) sintomática leve y/o moderada¹⁰. A pesar de que las experiencias en Reino Unido e Israel revelan, respectivamente, una reducción de los contagios¹¹ y de la transmisión del virus¹², podría ser necesario el mantenimiento de algunas medidas (distancia social, uso de mascarillas, ventilación, etc.) hasta que al menos un 70 % de la población esté inmunizada. Por otro lado, aún desconocemos la duración de la protección de la vacuna más allá de los 6 meses y/o la necesidad de administrar futuras dosis de recuerdo para mantenerla.

En Europa, el 27 de diciembre del 2020 comenzó la vacunación frente a la COVID-19 priorizando las personas que podrían sufrir la enfermedad con mayor gravedad y mortalidad (personas de mayor edad y pluripatológicos) y los colectivos más expuestos (personal sociosanitario y sanitario)¹³. Sin embargo, antes de cumplimentar la vacunación del primer grupo, se ha vacunado ya a la mayor parte del segundo (incluidos trabajadores sin contacto con casos COVID-19 en su puesto de trabajo, así como a trabajadores jóvenes de colectivos como policías, bomberos, farmacéuticos o funcionarios diversos). Así, decenas de miles de personas mayores de 60 años (edad a partir de la cual el riesgo de muerte por COVID-19 crece exponencialmente) siguen sin estar vacunadas¹⁴. En la priorización antes mencionada, además, no se ven referidos ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras en cuyo puesto de trabajo podrían tener un alto grado de exposición, como personal de supermercados y de medios de transporte públicos. Tampoco a las personas en riesgo de pobreza, hacinamiento y exclusión social, ni las de colectivos laborales de cuidados a personas fuera de las residencias de mayores, como ayuda domiciliaria, trabajo del hogar o pisos de acogida¹⁵. Tampoco a las personas con patologías crónicas (cardiovasculares, inmunodeficiencias, diabetes, etc.) ni las embarazadas, cuyo riesgo de infección y sus consecuencias son mayores que el resto de la población.

Dada su aprobación de urgencia, y la falta de datos de seguridad a medio y largo plazo, las empresas farmacéuticas han sido eximidas de toda responsabilidad sobre los efectos secundarios que las vacunas puedan producir desde su comercialización¹⁶¹⁷. La aparición de reacciones adversas graves y extremadamente raras (como la trombocitopenia trombótica inmune descrita para las vacunas de Astra-Zeneca y J&J) ha puesto de manifiesto la separación entre la política y la ciencia. La precipitada gestión de estos acontecimientos genera desconcierto y desconfianza en la ciencia. Comunicar de forma convincente las relaciones beneficio-riesgo no es sencillo¹⁸¹⁹, pero se convierte en un objetivo primordial para evitar temores suscitados que socaven la confianza en las vacunas y comprometan los planes de vacunación⁷. Con todo, en cuanto al éxito de la campaña de vacunación, no es menos importante el respeto a aquellas personas que, tras una adecuada comprensión de la información disponible, rechacen ser vacunadas.

Propuestas

• Crear una comisión de expertos independientes (farmacólogos, virólogos, epidemiólogos, médicos de atención primaria, etc.) para el control, seguimiento y mejora de los efectos secundarios de la vacunación, para la actualización de los efectos de las vacunas en la población y sobre las diferentes variantes del virus, y para definir un plan de vacunación sólido basado en la evidencia disponible y las recomendaciones de expertos.
• Diseñar un sistema constante para recabar datos sobre el plan de vacunación, los pacientes vacunados y su seguimiento. Estos datos, además de ser públicos, se usarían por la comisión mencionada en el punto anterior, y serían cotejados con la evidencia que vaya siendo publicada.
• Elaborar un plan para garantizar la repartición equitativa de las vacunas en los estratos más desfavorecidos de la población, haciendo un especial esfuerzo comunicativo sobre los beneficios de la vacunación entre estos grupos. Mejorar, así mismo, la comunicación sobre los planes de vacunación y los efectos secundarios, garantizando la libertad de elección.
• Asegurar (mediante listas de reserva, estrategias logísticas adecuadas, gestión local de stocks, etc.) que no se pierda ninguna dosis en cada puesto de vacunación.
• Priorizar la vacunación de los grupos poblacionales con mayor mortalidad, no los de menos riesgo. Priorizar la vacunación de las personas que no hayan sufrido una infección previa y priorizar la administración de segundas dosis a las personas mayores de 60 años²⁰.
• Garantizar el acceso a los datos crudos y el escrutinio independiente de los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas, para afianzar la credibilidad y favorecer la convicción en la toma de decisiones clínicas.
• Exigir desde las autoridades competentes que se garanticen los acuerdos y objetivos del C-TAP y el mecanismo COVAX.
• Exigir desde las autoridades competentes que se suspendan temporalmente las patentes de las vacunas y activar los mecanismos de “licencia obligatoria”, por encima de problemas jurídicos, logísticos, y geopolíticos, con el fin de preservar la salud a nivel mundial. En caso contrario, exigir que las empresas farmacéuticas devuelvan/compensen las subvenciones públicas recibidas.