Factores socioeconómicos

Aunque las pandemias se definen (literalmente) por su carácter de afectación a la práctica totalidad de una población, esta caracterización resulta muy insuficiente cuando se trata de evaluar sus efectos socioeconómicos. Y un problema fundamental en la respuesta institucional a la pandemia ha sido la falta de holgura del sistema público1¹.

Tanto la pandemia como las decisiones políticas y sanitarias implementadas para combatirla (disminución de los contactos para reducir los contagios, con su corolario de suspensión de actividades económicas, cierre de negocios, etc.) han supuesto una prueba de estrés para el sistema de servicios públicos. Aunque en algunos casos se han observado iniciativas para reforzar el sistema público tanto con recursos humanos como económicos, estas han sido evidentemente insuficientes. Esto indica una falta de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de las necesidades y demandas emergentes fruto de la pandemia. Ha quedado en evidencia así mismo un modelo productivo y un modelo de empleo expresamente diseñados para evitar cualquier holgura: de tiempos, de personal, de espacios, de recursos. Esta concepción estrecha, meramente contable, de la eficiencia, ha extendido el paradigma de gestión Just in Time más allá de la empresa², imponiéndose incluso en el ámbito servicios tan esenciales como el sanitario, donde la temporalidad en la plantilla puede llegar a rozar el 40%³.

En el ámbito laboral, la pandemia de COVID-19 ha golpeado especialmente a sectores ligados al ámbito de los servicios, y que necesitan altos niveles de movilidad y de contacto físico para operar⁴. Entre los mismos, los más golpeados son la hostelería, el comercio al por menor y el turismo, así como el sector de cuidados de personas dependientes. Asimismo, y aunque no suelen salir en las métricas, las personas que trabajan sin permiso de trabajo, y por tanto, sin ninguna garantía ni cobertura legal. Estos sectores económicos emplean en un alto porcentaje a personas que no pueden desarrollar su actividad a través del teletrabajo, cuentan con unas condiciones laborales precarias y un nivel formativo medio-bajo. Poniendo el foco en las personas trabajadoras, las más golpeadas son las de menores ingresos, jóvenes e inmigrantes. Perfiles que ya se encontraban en una situación precaria de forma previa a la llegada de la pandemia⁵. Se trata, nuevamente, de sectores y de trabajadoras y trabajadores que ya funcionaban en el límite mismo de la suficiencia, cuando no bajo él, sin la imprescindible holgura que les hubiera permitido resistir mejor la paralización o limitación de la actividad económica.

Además del impacto al mercado laboral, la experiencia histórica muestra que la llegada de una pandemia suele aumentar la desigualdad en las sociedades donde golpea⁶, siendo la población más vulnerable la que más sufre. Según los recientes análisis de Caixabank Research⁷, que monitoriza la evolución de millones de nóminas, entre febrero y diciembre de 2020 el índice Gini –una medida de la desigualdad en los ingresos económicos, y que es peor cuanto mayor es su valor- subió en 1,36 puntos a nivel estatal. A nivel de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra este índice aumentó en 1,15 puntos y 0,55 puntos respectivamente.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca y la Renta Garantizada navarra, funcionan como diques de contención contra el aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. A pesar de contar con este pilar de protección social, hay muchas personas que no pueden acceder a la misma por no cumplir los requisitos. A consecuencia de esto, el 30% de la población en pobreza real no accede a la ayuda⁸, quedando totalmente desprotegido.

Las personas más afectadas por la situación de pandemia son aquellas más vulnerables a nivel biopsicosocioeconómico, lo cual ha supuesto un incremento muy considerable en las demandas de apoyo en los servicios sociales. A pesar del tensionamiento que esto ha supuesto, ha sido posible implementar medidas urgentes durante el confinamiento domiciliario para garantizar la cobertura de necesidades básicas. Estas medidas, sin embargo, han sufrido un receso desde la desescalada, en un escenario en el que las necesidades de los sectores más vulnerables continúan latentes. El aumento de las demandas y la normativa sanitaria por la cual las citas se dan telefónicamente, ha limitado la atención presencial. Por otro lado, la implementación del teletrabajo en la atención por parte de algunos Servicios Sociales ha supuesto y está suponiendo un obstáculo para el acceso, especialmente a las personas con menos recursos personales, educacionales, sociales y tecnológicos. No hay que olvidar que además las redes primarias de apoyo (familiares y sociales) se han visto debilitadas fruto de los confinamientos perimetrales y las indicaciones de no acceder a domicilios ajenos.

Propuestas

• Reducir al máximo la temporalidad en el empleo público, especialmente en los sectores sanitario y educativo, hasta cumplir con las plantillas estructurales aprobadas por el Gobierno.
• Realizar un seguimiento en directo y pormenorizado de la evolución de la desigualdad en la CAV. Las principales entidades financieras vascas tienen información valiosa sobre evolución de nóminas que se puede analizar de forma agregada y anónima. Esto permitiría conocer, al menos de entre aquella parte de la población con contrato de trabajo o con un contrato que corresponde a su dedicación laboral, los colectivos, sectores y perfiles más afectados por la pandemia.
• Reflexionar sobre medidas fiscales a implementar por las tres haciendas vascas para reducir el impacto de la pandemia en la desigualdad. Sobre todo, teniendo en cuenta las diferencias de tasación entre rentas de trabajo y rentas de capital⁹. Las competencias fiscales vascas son una importante herramienta, que se debe activar frente a las consecuencias socioeconómicas del COVID-19, tal y como apunta el Fondo Monetario Internacional¹⁰.
• Revisar las condiciones para el acceso y el mantenimiento de las prestaciones de RGI, con el fin de evitar suspensiones en el cobro de las mismas por razones meramente administrativas, en la línea de lo que, desde hace años, vienen reclamando distintas entidades sociales¹¹. En su defecto, activar otro tipo de prestación de gestión urgente desde los servicios sociales municipales para asegurar un ingreso mínimo.
• Asegurar la inmediatez en la gestión y cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado a través del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020. Facilitar la solicitud del mismo.
• Analizar los mecanismos necesarios para implementar una Renta Básica Universal en tiempos de pandemia. Abrir e impulsar una amplia conversación pública sobre las posibilidades de hacer avanzar los actuales sistemas de garantía de rentas en la dirección de un sistema de cobertura universal e incondicional, según el modelo de la renta básica universal¹².
• Dotar a los servicios sociales municipales y forales de partidas económicas adicionales para poder hacer frente a las problemáticas y dificultades de índole socioeconómico que puedan presentar las personas debido a las circunstancias actuales.
• Generar nuevos puestos de trabajo tanto en los servicios públicos (sanidad, servicios sociales, etc) como en los ámbitos del sector privado (supermercados, empresas de reparto, etc) que han visto incrementada considerablemente su actividad laboral como consecuencia de la pandemia. Dichos puestos de trabajo estarían destinados para las personas que se hayan quedado en situación de desempleo y así complementar los ingresos por ERTE que son significativamente inferiores al salario base. De esta forma se genera empleo y se mejora la calidad de los servicios tanto a nivel público como privado.